Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE, planteó durante su intervención la necesidad de “reorientar el modelo sanitario que en la actualidad pivota en torno a la resolución de procesos agudos y patologías de alta complejidad por lo que predomina un patrón claramente especializado y resolutivo, pero el sistema que persigue la calidad y la excelencia, requiere de profesionales con el nivel de formación adecuado al servicio que demanda el ciudadano y no más especializado”

“Por ello hay que diseñar un modelo sanitario adaptado a las necesidades reales de una población envejecida, optimizando los recursos materiales y, sobre todo, humanos existentes como primer paso de la contención del gasto público”.

Insistió en la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión ordenada y coherente de los recursos que la sociedad pone a disposición de los responsables, que deben tener conciencia de que los recursos económicos públicos salen del esfuerzo de la mayoría de los contribuyentes y por tanto están obligados a distribuirlos y emplearlos de la forma más óptima posible.

La OMS señalaba en el año 2000 que la adecuada distribución de tareas entre los profesionales sanitarios era uno de los grandes retos para las organizaciones sanitarias y sistemas de salud y que era necesario que “los trabajadores apropiados, con las destrezas apropiadas ocupasen los puestos apropiados para realizar las tareas apropiadas”. Sin embargo, en España las políticas de contención del gasto público en sanidad no se están haciendo bien y esta recomendación de la OMS no se está aplicando, por desconocimiento de la realidad o por otros intereses.

La responsable de SAE aludió entonces a la ratio de algunos profesionales de la enfermería por paciente y la diferencia con la media europea, “pero la enfermería en muchos países de Europa nace de la Formación Profesional y a través de cursos posgrado de formación y antigüedad se van adquiriendo distintos niveles como enfermeros. Por tanto, esos datos son relativos y no pueden aplicarse estrictamente en nuestro país y dejar de lado a los Técnicos en Cuidados de Enfermería, también profesionales de la enfermería”, aclaró a este respecto.

Pese a esta realidad, los gestores no tienen en cuenta estos aspectos para salvaguardar los servicios sanitarios con la obligación de optimizar los recursos de los que disponen y no se entiende que a un personal al que se le exige para el desempeño de su puesto unos estudios de Formación Profesional, en aras de la calidad asistencial y mejor cuidado de los usuarios, no se les reconozca ni en la práctica asistencial ni retributivamente y se les mantenga al mismo nivel que a otras categorías no sanitarias a las que no se les exige nada más que la ESO.

Los interrogantes desconciertan a los ciudadanos ¿qué puede esperarse de una sanidad que se resiste a actualizar las funciones de los profesionales de enfermería que más tiempo pasan con el paciente, en base a su formación académica actual, manteniendo en vigor un Estatuto del año 73 de cuando ni siquiera existía una formación reglada de la FP para ellos?. ¿qué puede esperarse de los gobiernos que en teoría fomentan los estudios de Formación Profesional, pero en la práctica, se niegan a reconocer las funciones que los TCE realizan día a día, con el pretexto de delegación de funciones de otros profesionales?.

La subida de nivel de cualificación de las funciones de estos profesionales redundaría en beneficio del usuario a la vez que ayudaría a reducir costes y hacer más sostenible la sanidad, precisamente por el envejecimiento de la población ingresada y por seguir el consejo de la OMS de profesionales apropiados para tareas apropiadas, como así lo ha demostrado el estudio recogido en el Libro Blanco del TE que tomando como ejemplo un hospital medio de Madrid con 200 camas ha concluido que:

En la medida en que muchas funciones de enfermería sean realizadas por los TCE disminuiría la carga del personal enfermero, que podrían dedicarse a funciones emergentes en relación a los médicos y que podría suponer una bajada en el gasto total del área de Enfermería, en un 16,59%

Estos datos corresponden al supuesto de que el personal TCE estuviera encuadrado en el grupo C1 como marca el Estatuto Básico del Empleado Público, (del año 2007) con sus respectivas retribuciones. Pero aún no se ha cumplido ese mandato legal a pesar de que a estos profesionales se les exige formación específica para el desempeño del puesto de trabajo, a diferencia de otros profesionales clasificados en el mismo grupo C2, a los que solo se les exige la ESO.

A pesar de las reuniones que los responsables de SAE han mantenido con la dirección, subdirección y gerencia del centro, aún no se han adoptado las medidas necesarias para cubrir estas situaciones y solucionar así el problema de riesgos laborales al que están sometidos los TCE. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en el área de Salud Mental donde, actualmente, existe una diferencia de 10 bajas y 2 reducciones por guardia legal sin cubrir en la jornada, lo que ha incrementado el número de agresiones a los TCE. Asimismo,  en esta unidad durante dos horas –de 20 a 22 horas- sólo hay un TCE, lo que aumenta su inseguridad al no tener un compañero de refuerzo.
“Desde 2012 y a pesar de las denuncias realizadas por SAE, la dirección del hospital mantiene la misma política de contratación, obviando la seguridad de los profesionales y, desde luego, la calidad asistencial que reciben los usuarios, pues, aunque es evidente que los profesionales realizan su trabajo y cubren todas las demandas de los pacientes, no pueden llevar a cabo sus funciones como deberían. Por ello, desde SAE exigimos, una vez más, que la dirección modifique la política de contratación y cubra el 100% de las bajas por incapacidad temporal y las reducciones de jornada. Sólo así se garantiza la integridad física de los profesionales y la calidad asistencial de los pacientes”, concluye Juan Antonio Moreno Torres, vicesecretario provincial de SAE en Córdoba.
 

USAE denuncia que esta situación produce sobrecarga laboral y riesgo de agotamiento emocional y físico, además genera una inadecuada atención profesional a los pacientes, por falta de tiempo y espacios.

Con fecha 25 de junio de 2019 se publica el Acuerdo 419/2019, por el que se apreuban las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio del Instituto Foral de Bienestar Social con un incremento del 2,25% respecto a las del año 2018.
Dicho incremento tendrá efectos desde el 1 de enero de 2019.
Acuerdo