Ante la decisión del IMSERSO de suprimir los “módulos de baja carga” todos los trabajadores atienden a los mismos residentes, si bien los que se encuentran en plenitud de condiciones deberán ayudar a los que tienen adaptación de baja carga cuando se trate de movilizar, levantar, mover o atender a residentes voluminosos y puesto que la solución desde luego dista de ser satisfactoria para los trabajadores “sanos” que se ven sobrecargados, además de que pone en peligro su salud por la sobrecarga de esfuerzo que se ven obligados a realizar, provocándoles incluso lesiones.

SAE presenta DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO para que investigue los hechos alegados y se tomen las medidas oportunas, procediéndose por parte de la empresa a adquirir equipos mecánicos (grúas y demás) que facilite las tareas de los trabajadores al atender a residentes voluminosos, y a la inmediata contratación de nuevo personal para una mejor distribución de la carga de trabajo en la atención a los pacientes más corpulentos.

         Ambos departamentos disponen ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar a esta institución si aceptan la resolución y, en su caso, las medidas adoptadas al respecto.  Además, el Alto Comisionado recomienda que SAE analice ejercitar lo antes posibles las acciones oportunas ante el órgano judicial competente.

         El Defensor del Pueblo, a la vista de las quejas formuladas por SAE interpreta que “lo previsto en el precepto legal (origen del sistema de carrera profesional) no excluiría al personal al que se refiere la queja pues no se circunscribe el personal sanitario incluido en las leyes posteriormente aprobadas”.

         “Tampoco, a criterio de esta institución, en principio, se apreciarían razones de fondo que justificaran no incluir a este personal en el sistema de carrera profesional, en la que se determina. Tanto el derecho a la carrera profesional, como la orientación que tiene el sistema de carrera profesional a la mejora del servicio público sanitario (valorando, en resumen, la experiencia y la formación y perfeccionamiento profesional del personal) se presentarían en similares términos en el caso del personal técnico sanitario”.    

         Recuerda igualmente que en junio de 2020 en el Parlamento de Navarra se sometió a debate y votación, que fue aprobada por unanimidad una moción que tenía precisamente por objeto instar al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a realizar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la carrera profesional en similares términos a los previstos para el restante personal sanitarios a todos los técnicos sanitarios.

         Dado que no se han adoptado las medidas sugeridas, por el Defensor del Pueblo en anteriores ocasiones e instadas en la moción aprobada por el Parlamento, se reitera la sugerencia tanto al Departamento de Salud como al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para que impulsen las disposiciones necesarias para los dotar a estos profesionales de la carrera profesional solicitada.

         La no aceptación de esta solicitud puede determinar la inclusión de este año en el Informe Anual correspondiente al 2022.

         Begoña Ruiz Malagón, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE manifiesta que “si los departamentos afectados no aceptan la sugerencia del Defensor del Pueblo, el Sindicato se vería obligado a emprender las acciones judiciales que procedan”.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), dentro de sus actuaciones para visibilizar los problemas de salud mental y sus reivindicaciones, se suma al Día Mundial de la Salud Mental con un cartel divulgativo y con la demanda urgente de incrementar el número de psicólogos en Atención Primaria, ya que éste es el primer nivel asistencial y, por lo tanto, será donde el especialista pueda detectar y prevenir trastornos incipientes, así como tratar aquellos que están más avanzados.  
El Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 del Ministerio de Sanidad –cuya revisión estaba pendiente desde 2009- plantea configurar un sistema integral de atención, combatir la estigmatización y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental. En este sentido, entre las seis líneas de actuación que recoge, destacan el refuerzo de los recursos humanos y la optimización de la atención en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Salud, pero también la prevención, detección y atención de la conducta suicida o la prevención de conductas adictivas con y sin sustancia.
“Llevamos años de retraso en la atención a la salud mental, que precisa de inmediatez, profesionales formados y visibilización. Durante los años que acota el plan, dotado con 100 millones de euros, se quiere poner el acento en este campo asistencial. Desde SAE esperamos que todas las actuaciones que se detallan en el documento se desarrollen con eficacia y rigor para que esta apuesta por la salud mental no se convierta en papel mojado. Desde nuestra organización consideramos fundamentales aspectos como la creación de las vacantes necesarias en todos los niveles asistenciales, la planificación de una oferta de formacion sanitaria especializada en psiquiatría, psiquiatría infantil y de adolescentes, psicología clínica y equipo de enfermería en salud mental, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la población, o la puesta en marcha de campañas para luchar contra el estigma asociado a la salud mental, especialmente cuando hablamos de suicidio, donde el trabajo de prevención es fundamental. Y, por supuesto, creemos imprescindible el desarrollo de programas específicos para ayudar y apoyar a los profesionales sanitarios y socio sanitarios que sufren problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial, pues si no se cuida a quienes debemos cuidar, es difícil poder realizar un trabajo eficaz con el paciente”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

         Como se desconoce si se trata de una omisión interesada por parte de los sindicatos que firmarían este acuerdo o de un olvido de los medios de comunicación que se están haciendo eco de estas informaciones,  la secretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) Mª. Dolores Martínez Márquez, se ha dirigido personalmente al ministro solicitando, en primer lugar, para que le complete la insuficiente información que se ha hecho pública. Y por otro, que tenga en cuenta que SAE lleva años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria.

         SAE ha ejercitado, en varias ocasiones,  el Derecho de Petición  ante la secretaria de Estado de la Seguridad Social, dependiente de este ministerio, solicitando el inicio de los estudios necesarios para el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años; una petición que ha recibido un elocuente silencio.

         Son las características de la profesión sanitaria las que obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican; sin embargo, el endurecimiento de los coeficientes que recoge la reforma, penalizaría demasiado esta jubilación anticipada o la haría inviable.

         Tanto en la Atención Especializada como en la Primaria, los profesionales sanitarios y sociosanitarios se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial.

         La secretaria general de SAE manifiesta asimismo que “nos resistimos a pensar que dejarán a los Técnicos Sanitarios excluidos de estos planes de reforma. Pero si esta fuera su intención, y apelando a la obligada transparencia, queremos información oficial de manera que sea ésta la que traslademos a  nuestros afiliados y simpatizantes”.

De acuerdo con la ley 21/2021 y como según los datos estimados por el gobierno, la revalorización de la pensión para el año 2023 puede alcanzar el 8,5%, es importante que se conozca:
 

- Que a los trabajadores a los que no les corresponde pensión máxima, se verán beneficiados si la jubilación voluntaria se anticipa como máximo 17 meses de la edad ordinaria de jubilación, pues se aplica el coeficiente reductor del 8% (o inferior para cotizaciones superiores a 38 años y seis meses), coeficiente que es menor por cada mes que se reduzca la anticipación de la jubilación, según tabla.

Es decir:
-A quienes antes del 30/12/2022 les falte menos de 17 meses para la fecha de jubilación ordinaria y no les corresponda pensión máxima, el porcentaje de reducción que se le aplique quedaría compensado con la revalorización de pensión a partir del 1/1/2023. 

NOTA. DEBE RECORDARSE QUE PARA ACCEDER A LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA ES NECESARIO HABER COTIZADO AL MENOS 35 AÑOS