Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos al Día Internacional de la Mujer reivindicando el derecho de las Técnicas en Cuidados de Enfermería (TCE), un colectivo altamente feminizado, a que las distintas Administraciones cumplan las promesas laborales y retributivas que han adquirido con estas profesionales; justicia para que se valore su formación, crecimiento profesional y el trabajo que desempeñan en la atención sanitaria y sociosanitaria; y acción para que el respeto que merecen dentro de los equipos de enfermería se convierta en una realidad por la que ya no tengamos que seguir luchando.
    Adoptamos así el lema que ONU Mujeres ha puesto en marcha para celebrar esta cita anual, “Derechos. Justicia. Acción”, y lo extendemos al resto de profesionales Técnicas Sanitarias, pues, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años, aún tenemos que demostrar diariamente nuestra valía dentro de los equipos asistenciales y sociosanitarios. En el caso de las TCE, por ejemplo, las funciones que desempeñan en sus ámbitos laborales aún se rigen por las establecidas en 1973, obsoletas ya en un ámbito como el sanitario, cuya evolución es una constante en la atención, los tratamientos y los cuidados. 
    “Este hecho sólo es una muestra del estancamiento en el que la Administración mantiene a este colectivo profesional, por ello reclamamos un avance real en derechos laborales y retributivos, pues como profesionales sanitarias, nuestra implicación y adaptación a las demandas de los equipos de trabajo y a las necesidades de los usuarios es una constante en nuestro trabajo diario, que debemos conciliar con nuestra vida familiar, donde continuamos teniendo mayor carga física y emocional. Por todo esto, el 8 de marzo exigimos consideración hacia el trabajo de las profesionales Técnicas Sanitarias, respeto hacia los diferentes colectivos, y un compromiso real con sus reivindicaciones, como el reconocimiento de su titulación y su encuadramiento en el grupo de clasificación que legalmente les corresponde”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

    “Estas actitudes contra quienes velan por la salud y el bienestar de los usuarios, incluso en momentos tan complicados como los vividos ayer, suponen una agresión verbal que desde la Junta del centro hospitalario condenamos”, explica Alejandro Juan Alonso, presidente de la Junta de Personal.

Este tipo de ataques contra los trabajadores son habituales en el ámbito sanitario, por ello desde la Junta de Personal queremos poner en valor la profesionalidad de todo el personal, sanitario y no sanitario, en la atención a los pacientes y sus familiares, aclarando que existe un proceso de triaje y unos tiempos para todo el mundo, y que este procedimiento se puede complicar debido a una sobrecarga laboral como la vivida ayer, pero, en todo momento, se trata a los pacientes con el respeto y la dignidad que merecen.

“Desde la Junta de Personal seguiremos luchando para que los profesionales sanitarios puedan desempeñar su trabajo exentos de recibir este tipo de acusaciones, pues no podemos consentir que el estrés o los nervios de los pacientes acabe en ataques directos al trabajo de unos profesionales que se desviven por garantizar una atención de calidad”, concluye el presidente de la Junta de Personal.
 

    La solicitud, presentado por USAE a Manuela García Romero, Consellera de Sanidad, y a Javier Ureña Morales, Director General del IBSALUD, responde a una situación de déficit estructural de personal Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) en ambos centros hospitalarios, que actualmente tienen las ratios más bajas de profesionales por paciente del Servei de Salut de les Illes Balears. 
    Tras analizar la carga asistencial real, el número de camas, la complejidad de los pacientes y las necesidades diarias de atención, se ha detectado que faltan más de 100 profesionales TCE entre ambos hospitales para poder ofrecer una atención acorde a los estándares mínimos de calidad asistencial. 
“Esta cifra no responde a una demanda puntual, sino a una necesidad estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo debido a jubilaciones, bajas no cubiertas y un incremento progresivo de la complejidad clínica de los pacientes, además de un aumento de la población. Así, en los últimos años, se han incrementado las plantillas de enfermeras, sin tener en cuenta el aumento de nuestra categoría en la misma proporción. Esta carencia sostenida en el tiempo está teniendo un impacto directo y negativo en la organización del trabajo, en la calidad de los cuidados prestados y, especialmente, en la seguridad y bienestar de los pacientes”, explica María Bustamante Liñán, responsable de USAE en Baleares.
    Este problema lo tenemos en casi todas las unidades de los dos hospitales, siendo especialmente grave en el servicio de urgencias y las unidades de hospitalización, donde sería prioritario el incremento de plantilla.  
    “Esperamos que la Consejería valore de manera urgente la situación y adopte las medidas necesarias para reforzar la plantilla de TCE en ambos centros hospitalarios, ajustando las ratios de personal a la realidad asistencial actual y garantizando unos cuidados seguros, humanos y de calidad. Aumentar las plantillas de TCE no es un gasto, sino una inversión directa en salud, seguridad y calidad asistencial, que redunda en un mejor funcionamiento del sistema sanitario público y en una atención más eficiente y humana para los pacientes de las Illes Balears”, concluye la responsable de USAE.

No se puede igualar un Equipo de Protección Individual con el material sanitario o cualquier otro equipo sin tener en cuenta su definición y su importancia. De hecho, si los trabajadores fueran conscientes de que ese mandil plomado es su última barrera directa de protección, exigiría el suyo propio y que se le formara adecuadamente para responsabilizarse de guardarlo y mantenerlo en condiciones adecuadas.

Los EPIS se regulan, por tanto, por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y por el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, que nadie ha sacado a relucir, a pesar de ser el Real Decreto 773/1997 posterior a todas las clasificaciones indicadas de materiales y equipos materiales sanitarios.

Las Sentencia del Tribunal Supremo 625/2024, de 15 de abril y 645/2024, de 16 de abril, no indican que los TCE deban limpiar Equipos de Protección Individual tales como mandiles plomados, sino que se centraron en el caso en cuestión planteado “la limpieza y desinfección de las gafas y pantallas de protección contra el Covid-19 después de cada utilización por el personal facultativo” en una situación muy concreta de pandemia.

“Esta dramática situación no puede ser aprovechada para el que el TCE proceda a la limpieza y desinfección de todos los Equipos de Protección, independiente del tipo de EPI, cuando se dispone de unas funciones definidas, de una normativa de prevención y de incluso de pliegos de limpieza con funciones de limpieza para el personal de limpieza”, explica Nieves Sánchez, responsable provincial de USAE en Cáceres.

Por otro lado, el Real Decreto 773/1997 que regula los EPIS indica que “los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios”.

Pasamos de que los EPIS de uso colectivo sean un hecho puntual “si las circunstancias lo exigen” a algo habitual pero las circunstancias actuales no exigen el uso colectivo de los mandiles plomados.

USAE lleva luchando desde 2022 por la defensa de la salud y la seguridad de todos los trabajadores del área quirúrgica del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), no únicamente de los TCE, por la falta de seguridad en los EPIS utilizados para la protección radiológica. Desde entonces hemos realizado escritos y tratado el tema en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y la respuesta ha sido nula por parte de la Gerencia.

Existen otras deficiencias en el bloque quirúrgico del Hospital Universitario de Cáceres.

Se desconoce si el Hospital está aplicando las revisiones periódicas y ensayos que garanticen la efectividad de protección adecuada de los mandiles según indican los manuales de los fabricantes, pero estos no están disponibles para los trabajadores ni para el Comité de Seguridad por lo que se desconocen aspectos fundamentales que garanticen el control y seguimiento adecuado.

Asimismo, los trabajadores carecen de la información y formación necesaria para su uso y no hay un procedimiento establecido en cuanto al mantenimiento o limpieza de estos Equipos de Protección y ni siquiera se han establecido las adecuadas medidas de higiene: por ejemplo, algunos los usan por encima de la bata estéril rompiendo la esterilización.

En definitiva, falta el debido control y seguimiento de estos Equipos de Protección Individual que, la Gerencia pretende asimilar a cualquier otro material sanitario, a pesar de que son conceptos diferentes.

“Por último, los argumentos utilizados por la Gerencia para rebatir a USAE carecen de sentido. Su orden fue autoritaria porque se dio a los trabajadores sin pasar por el Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano legal establecido por la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales para la participación y consulta con los representantes de los trabajadores, sin informarnos”, insiste la responsable provincial de USAE en Cáceres.

Su representatividad ha aumentado considerablemente consiguiendo un total de 8 representantes más en las Juntas de Personal de estatutarios y funcionarios y 12 laborales MIR.

En la Administración General de la Junta de Castilla y León, USCAL y SAECYL también ha mejorado sus resultados lo que les sitúa en a la confederación sindical como el más representativo de la Administración de Castilla y León, con presencia en todos los ámbitos de negociación de los empleados públicos.

Desde CESM, USCAL y SAECYL queremos agradecer a todos los profesionales que nos han votado su apuesta por un sindicalismo representativo, profesional y reivindicativo de los derechos de los empleados públicos.

Este apoyo nos aporta un mayor impulso para seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Sanidad y la Administración Pública de Castilla y León.

“Aunque estos resultados son parciales porque algunas provincias no han celebrado los procesos electorales, nuestra presencia en las mesas de negociación se refuerza y nos impulsa para seguir luchando por los derechos laborales y retributivos de los Técnicos Sanitarios”, explica Mercedes Barrios, responsable de SAECYL.