El número de profesionales sanitarias de una plantilla hospitalaria debe ir acorde a las necesidades asistenciales del centro y la demanda por parte de sus usuarios. No es el caso del CHARE en Estepona que se abrió en febrero de 2021 con algunas consultas y urgencias únicamente en el horario diurno. Para ello, la dotación de profesionales era únicamente de médicos y enfermeros.

Sin embargo, desde entonces el número de usuarios ha ido aumentando paulatinamente tanto en las consultas como en la atención a urgencias y la situación ha cambiado hasta el punto que se presta atención de urgencias durante la noche y la plantilla para atender este servicio es de dos facultativos y dos diplomados de enfermería, pero no hay ningún Técnico en Cuidados de Enfermería.

Esto supone que los diplomados de enfermería se vean obligados a realizar durante este turno funciones que no les corresponden y son del TCE y que por la mañana el TCE que inicia su turno se encuentra instrumentales sucios y pendientes de esterilizar. 

La falta de este profesional se traduce también en situaciones que, además de sobrecargar al personal, deterioran la calidad asistencial prestada al paciente ya que en ocasiones ha ocurrido tener que prestar asistencia a dos pacientes críticos de manera simultánea y dejar la sala de espera desatendida al no haber ningún profesional para atender la llegada de otros pacientes. Este hecho, no solo sobrecarga a los trabajadores, sino que puede poner en peligro la seguridad de los pacientes. 
 

Los representantes sindicales de SAE, junto a profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, denuncian públicamente la gravísima situación de riesgo a la que se está sometiendo tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios por una gestión inaceptable, negligente e irresponsable de la Dirección de Enfermería y la Dirección Gerencia del centro.

En la reunión mantenida hoy con la Subdirección de Enfermería y la Jefatura de Bloque del área de críticos, se nos ha comunicado la decisión de no realizar la cobertura 24 horas del Equipo de Cuidados Críticos de Enfermería (ECCU), del Equipo de Críticos de Enfermeros/as y del Equipo de Críticos de TCAEs en el Servicio de Urgencias.

Esta medida no solo vulnera todos los estándares de calidad y seguridad asistencial, sino que deja a los pacientes más graves sin una atención especializada y urgente, al tiempo que pone en serio riesgo la integridad física y emocional de los profesionales que atienden el servicio en condiciones cada vez más precarias.

Ante esta gravísima situación, exigimos la dimisión inmediata de la Dirección de Enfermería, por su total incapacidad para garantizar una atención digna, segura y profesional a los usuarios del sistema sanitario; y de la Dirección Gerencia, por su connivencia, inacción y falta de voluntad para corregir decisiones que comprometen la seguridad del centro y el bienestar de sus trabajadores.

Esta crisis es consecuencia directa de una gestión ineficaz, desconectada de la realidad asistencial y carente de planificación, que solo puede resolverse con la renovación urgente de los responsables al frente de la Dirección de Enfermería y la Gerencia del hospital.

No vamos a permitir que la falta de voluntad política y técnica continúe poniendo vidas en peligro. Hacemos un llamamiento a la Consejería de Sa1ud para que actúe con la máxima urgencia y asuma su responsabilidad en esta situación crítica.

Si continúa esta situación en el servicio de urgencias, no descartamos otras medidas, incluida la huelga.

Por la seguridad del paciente, por la dignidad profesional, por una sanidad pública de calidad, ¡DIMISIÓN YA!

Es insostenible y está ocurriendo ante la pasividad de la Dirección Gerencia que se niega a implementar un sistema de información adecuado para los usuarios y a instaurar los protocolos de actuación para pacientes psiquiátricos. Estas medidas son cruciales no solo para reducir el riesgo de agresiones sino para mejorar la atención la atención y la funcionalidad del Servicio de Urgencias.

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria lamenta que los profesionales de la salud tengan que seguir actuando como "escudo de la incompetencia" de los responsables, que no toman medidas preventivas ni de protección.

Entre las medidas preventivas se incluye un sistema de información claro, un protocolo para pacientes psiquiátricos y un control efectivo del tránsito de personal. Y estas precauciones deben estar acompañadas de otras de protección como la instalación de puertas de seguridad, el botones anti pánico eficaces, la remodelación de espacios que faciliten vías de escapes, así como personal de seguridad suficiente y debidamente formado.

 Ante esta situación insostenible, la Junta de Personal se ve obligada a exigir, una vez más, la dimisión inmediata de la actual Dirección Gerencia y de la Dirección Económica Administrativa del hospital.

El Director de Recursos Humanos del centro, Diego López López, es consciente no sólo de la falta de profesionales sino del deterioro de la calidad asistencial y de los riesgos que suponen tanto para los profesionales como para los propios pacientes. A pesar de ello, no se va a llevar a cabo ninguna contratación para cubrir estas vacantes ya sea por vacaciones o por la reducción de jornada del cincuenta por ciento para el cuidado de menores.

Debería haber 4 TCE para este servicio y, por unas u otras circunstancias hay únicamente dos profesionales, uno por la mañana y otro por la tarde. La unidad dispone de 30 puestos para la administración de los tratamientos, pero la rotación de los pacientes es constante, dado que se van ocupando estos puestos a medida concluye el tratamiento anterior.

En definitiva, la carga de trabajo es excesiva para un TCE lo que, inevitablemente, reduce el tiempo de dedicación a cada usuario y, por otro lado, la velocidad de trabajo aumenta el riesgo para los profesionales.

Esta situación en el servicio de oncología del Hospital Reina Sofía es una constante que el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) lleva tiempo denunciado y que la Gerencia parchea de manera temporal por lo que la situación se repite o, incluso, empeora pero es inadmisible que no se lleven a cabo las contrataciones necesarias para cubrir la demanda asistencial de la unidad con todas las garantías, tanto para los usuarios como para los profesionales.

“No se trata de un momento puntual, pues la situación se repite desde hace tiempo y por ello, exigimos a la dirección del centro que utilice la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud, pues es intolerable que un servicio tan delicado como oncología se mantenga bajo mínimos. Es necesario que la dirección prime la atención de calidad y para ello debe erradicar la precariedad de las plantillas, pues los TCE están al límite de sus capacidades físicas y emocionales”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

“Por otro lado, no se descarta emprender las acciones que se consideren oportunas ante la Inspección de Trabajo de manera que se lleve a cabo una evaluación de los riesgos a los que se enfrentan tanto los pacientes como los profesionales”, manifiesta el secretario provincial de SAE en Córdoba.

    Así, entre las principales demandas del colectivo están la necesidad de un incremento de plantilla en los hospitales y centros de salud de la provincia, tal y como se ha llevado a cabo con otros colectivos –matronas, enfermeras o fisioterapeutas-, pues la falta de sustituciones pone en riesgo la asistencia a la que tienen derecho los ciudadanos y merma la integridad física y mental de los profesionales TCE.
    El problema radica en que de tres bajas solo se cubre una, lo que hace que, por ejemplo, en los turnos de noche, solo haya una TCE por planta en la práctica totalidad de los servicios. Esta falta de profesionales se podría solventar con la actualización de la bolsa de contratación, pues aún se está trabajando con la de 2023, obviando así la normativa que recoge que debe abrirse anualmente. De esta manera, al no haberse actualizado ni en 2024 ni en 2025 se ha impedido la incorporación de un número significativo de TCEs, que cuentan con los requisitos adecuados. Si los procesos funcionaran adecuadamente, ni los ciudadanos ni los profesionales estarían sufriendo las consecuencias de la dejadez de la Administración.
    Otro ejemplo en este sentido, es la Carrera Profesional, paralizada para los TCE, que solo pueden acceder al nivel II, cuando el reconocimiento de la experiencia, la formación y el cumplimiento de objetivos es un derecho de todas las categorías profesionales. 
    “Igualmente, hemos trasladado a nuestro interlocutor la necesidad de clasificar, conforme al TREBEP y el artículo 101 de la Ley de Función Pública de Andalucía, a los profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio –entre los que se encuentran los TCE-  en el grupo C1 y a los Técnicos de Grado Superior en el B, pues llevamos más de 18 años en una situación transitoria, lo que es un insulto para los profesionales. Esperamos que el compromiso adquirido por Mateo Javier Hernández de trasladar nuestras reivindicaciones al Parlamento Andaluz tenga un recorrido satisfactorio para todos; no puede ser que uno de los colectivos más numerosos y necesarios en la sanidad andaluza sufra de manera constante el ninguneo y el maltrato laboral y profesional por parte de la Administración”, explica Mª del Mar Ortiz Sánchez, secretaria provincial de SAE en Almería.