Los representantes de los trabajadores públicos de SACYL recibieron ayer por la tarde una comunicación informando de la suspensión de las negociaciones, tras la reunión mantenida por la Gerencia Regional de Salud con el presidente Alfonso Fernández Mañueco y la directora de Función Pública, Paloma Rivero.

Tras diez días de negociaciones, desde Presidencia se detiene una negociación cuyo único objetivo es minimizar todas las pérdidas de derechos laborales, permisos, jornadas y posibilidades de conciliación que inicialmente desde la Consejería de Sanidad pretendían imponer a los trabajadores sanitarios, cuando paradójicamente hoy se negocia la mejora para los empleados públicos del resto de las consejerías de la Administración autonómica, excluyendo de forma específica en el documento cualquier tipo de mejora a todos los empleados públicos que se encuentran en primera línea de la lucha contra el COVID, sanitarios, sociosanitarios y de educación.

La situación que estamos viviendo ahora mismo a nivel epidemiológico y de saturación hospitalaria viene derivada de la deficiente gestión llevada a cabo por todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales, no por culpa de los trabajadores de la sanidad, que dieron más del 100% de sí durante la primera ola, sin medidas de protección, y que ahora ven recortados sus derechos como trabajadores, para que la Administración pueda solventar la grave situación derivada del COVID a nivel sanitario.

Esta 2ª ola no es una situación excepcional, como ayer manifestó el presidente Mañueco, ya se preveía que se iba a producir una segunda ola cuando llegara el otoño. La Junta de Castilla y León y en concreto Presidencia y  Función Pública, se están riendo de todos los empleados públicos que están luchando en primera línea contra la pandemia derivada por el COVID. A los sanitarios les recortan sus derechos laborales, mientras al resto de empleados públicos les mejoran sus condiciones.

Los empleados públicos de Sanidad no se merecen que de nuevo se les utilice en una guerra soterrada entre los 2 gobiernos de la Junta, PP y Ciudadanos. Mientras ayer el presidente  hablaba de diálogo y negociación en sus declaraciones, en la práctica se hurta a los representantes de los trabajadores de la sanidad la defensa de los mismos y sólo se plantea la negociación de mejoras para los empleados que dependen directamente de las consejerías dependientes de Función Pública, todas pertenecientes al PP.

Que el Gobierno de la Comunidad considere que la mejora asistencial a los ciudadanos de  Castilla y León se consigue imponiendo recortes en los derechos laborales, jornadas maratonianas  a los profesionales, anulando la conciliación familiar… supone una temeridad y un desconocimiento total de lo que es la Sanidad Pública. 

Los representantes de los trabajadores denunciamos una vez más que los trabajadores de SACYL sean tratados como empleados  públicos de segunda y exigimos que se negocie al más alto nivel las medidas conducentes a asegurar una asistencia sanitaria de calidad respetando los derechos laborales de los profesionales.

Los representantes de los trabajadores denuncian que los profesionales de SACYL se enfrentan al mayor atropello contra sus derechos laborales si se aprueba el Decreto Ley planteado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por el que aprovechando la pandemia que estamos sufriendo derivada del SARS-CoV-2 se pretende modificar de forma permanente el Estatuto Jurídico del personal estatutario de Castilla y León, equivalente al Estatuto de los trabajadores, eliminando sus derechos laborales.

Según la modificación del Estatuto Jurídico planteada por la Consejería de Sanidad, cualquier situación sanitaria que un gerente considere que es una emergencia, como puede ser la ausencia de profesionales en las bolsas de empleo o la pandemia de la gripe anual podrá ser la excusa para que se eliminen los derechos de los trabajadores: reducciones de jornada, vacaciones, permisos retribuidos, permisos para la conciliación, cambios de horarios de trabajo, jornadas etc., decisión que podrá tomar libremente cada uno de los gerentes de SACYL, dejando en una situación total de indefensión a los trabajadores de nuestro sistema de salud.

Todos los representantes de los trabajadores presentes en la mesa sectorial han rechazado que en Castilla y León se aproveche la pandemia de Covid-19 para hacer desaparecer los derechos de los trabajadores sanitarios. Esta situación solo se plantea en nuestra comunidad. En el resto de Comunidades Autónomas ante la segunda ola del COVID que estamos viviendo están llevando a cabo resoluciones puntuales limitadas a la duración de la pandemia por COVID, no se plantean modificaciones de los derechos laborales que se perpetúen en el tiempo como pretenden la Consejera de Sanidad Verónica Casado y el Presidente de nuestra Comunidad Autónoma Alfonso Fernández Mañueco.

Hay que recordar que todo el personal de SACYL ha sufrido y sigue sufriendo al estar en primera línea frente a la Covid 19 y atendiendo de manera integral el resto de circunstancias sanitarias concomitantes y que si estamos viviendo de nuevo en esta anunciada y prevista segunda ola una situación como la vivida en el mes de abril, es por la falta de previsión de los Gestores de SACYL La Junta de Castilla y León debería cuidar y proteger los derechos de sus trabajadores de la sanidad para garantizar una asistencia sanitaria de calidad e impedir su huida hacia otros servicios de salud y no convertir Castilla y León en el peor destino en el que desarrollar su trabajo.

En el día de hoy los representantes de los trabajadores en la reunión mantenida en mesa sectorial han conseguido paralizar la tramitación del Proyecto de Decreto con el  compromiso de la Administración de presentar en las próximas horas un nuevo borrador de documento, pero en el caso de que se planteen de nuevo modificaciones normativas que afecten de manera permanente los derechos laborales de los trabajadores de la sanidad anuncian la convocatoria de importantes movilizaciones, a la vez que exigirán la dimisión de la Consejera de Sanidad, Verónica Casado y su equipo de Gestión y del Presidente Alfonso Fernández Mañueco. 

Este atropello no lo van a consentir los profesionales de SACYL que tan duramente están trabajando en esta pandemia.

        La responsabilidad individual de muchos ciudadanos que se han instalado la app para mantener un seguimiento de un posible contacto con un positivo de COVID-19 choca frontalmente con la mala gestión del trabajo de los rastreadores, la convierte en inútil y lo único que consigue es aumentar el miedo en la población.

        El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  en Castilla y León ha exigido a la Consejera de Sanidad que pongan en marcha las medidas necesarias para que la labor de estos rastreadores tenga el efecto deseado que, desde luego, no es el de aumentar miedo o inseguridades.

        Una vez recibido el mensaje de alerta que informa del contacto con un positivo de COVID-19 empieza el calvario de los usuarios. Puestos en contacto con el teléfono facilitado por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo el control y seguimiento de estos casos y evitar así la expansión del virus es imposible conseguir contactar con un profesional que realice una PCR o indique el seguimiento establecido.

        El contestador automático habilitado para tal fin únicamente indica los números que hay que marcar en función de la situación individual pero es extremadamente difícil que el final sea entablar conversación con uno los rastreadores o conseguir una cita para la realización de una prueba PCR.

        Esta circunstancia está llevando a que, ante la confirmación de Radar Covid de haber tenido contacto y el miedo a haberse contagiado, los usuarios acudan a la sanidad privada y que todos los miembros de la unidad familiar se sometan a la prueba PCR. El precio medio de una de estas pruebas ronda los 150 euros.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) quiere manifestar su sorpresa e inquietud ante la publicación del Real Decreto 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
Según se recoge en la norma, si no hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones oficiales – Técnico en Cuidados de Enfermería, Ayuda a Domicilio o Asistencia Personal-, “podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, incluyendo aquellas prestadoras de cuidados en el ámbito familiar…”.
    Si realmente lo que se busca con este Real Decreto es garantizar la protección de usuarios y profesionales, con esta medida, que demuestra una alarmante falta de responsabilidad por parte de los gestores políticos y sanitarios de la comunidad, se va a conseguir todo lo contrario, pues permitir que personas sin titulación ni formación adecuada puedan atender las necesidades asistenciales de los usuarios de las residencias, pone en riesgo su salud y su bienestar, pues, tal y como llevamos años demostrando, somos los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en estos centros.
     “La publicación de este decreto es insultante para uno de los colectivos sanitarios donde mayores tasas de paro existen, por lo que desde SAE hemos puesto en marcha varias acciones para que retiren este decreto. Llevamos años luchando para que en los centros residenciales de titularidad privada contraten a profesionales con la titulación requerida para atender a los residentes con todas las garantías y ahora tenemos que empezar a luchar para que esto también ocurra en las residencias públicas, lo que supone un paso hacia atrás en la atención sociosanitaria y un agravio hacia nuestro colectivo”, explican los responsables de SAE en Castilla y León.

Según la legislación laboral, la dirección del centro debe proporcionar a sus empleados equipos de protección individual e implementar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, seguridad e higiene en el trabajo, sin embargo, hasta la última semana de abril, ha mantenido escondidos los EPIs, dotando a los profesionales únicamente con mascarillas quirúrgicas y guantes, y no ha llevado a cabo un aislamiento real de los residentes con síntomas, primero, y positivos, después, permitiendo así la propagación del virus y poniendo en riesgo la salud de residentes y trabajadores: de los 78 residentes, 37 son positivos, y, en el caso de los trabajadores, esta cifra se eleva a 15. 
Por ello desde SAE hemos presentado esta denuncia con el objetivo de que se depure la responsabilidad penal, y en su caso civil, tanto de los administradores y encargados de la residencia como de aquellos que, conociendo el delito y pudiendo evitarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello.
 “En diversas ocasiones, los Técnicos en Cuidados de Enfermería han solicitado a la dirección del centro la adopción de medidas de protección adecuadas así como un incremento de personal ya que la plantilla ha sido insuficiente para cuidar y atender adecuadamente a los residentes positivos, sin embargo, la Dirección, aun siendo conocedora del grave riesgo de contagio, ha obviado reiteradamente estas peticiones, incumpliendo de manera sistemática la normativa sobre protección de riesgos laborales, como los efectos de la difusión de la pandemia, tanto para los trabajadores como para los residentes”, explica Ana María Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.